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ANALIZA LA CIUDAD VIOLACIÓN DE CONTRATO

Buscan resolver los problemas derivados del incumplimiento de contrato de arrendamiento entre el Advanced Call Center Technologies (ACT) y el ayuntamiento de San Luis, por parte del centro de llamadas.

Luz Pesqueira
SAN LUIS, Arizona

 

El pasado martes 9 de noviembre, en sesión especial de concilio, los ediles aprobaron la transferencia de 30 mil dólares del Fondo de Contingencias para pagar la asesoría técnica y legal necesarias para resolver los problemas derivados del incumplimiento de contrato de arrendamiento entre el Advanced Call Center Technologies (ACT)y el ayuntamiento de San Luis, por parte del centro de llamadas.

El edificio de 44 mil pies localizados en el 580 N de San Luis Plaza Drive conocido como Price Center, es propiedad de la ciudad y ha estado ocupado parcialmente por el centro de llamadas desde 2007.

“Estamos trabajando con ACT para remedir estas situaciones. Aun no hemos ido a litigio”, dijo la abogada municipal, Kay Macuil, quien solicitó la aprobación de la transferencia del fondo para la contratación de un abogado externo y un ingeniero, para la revisión de violaciones del código de la ciudad, problemas de garantía del techo del inmueble y alteraciones no permitidas del espacio arrendado.

No se dieron detalles de las alteraciones realizadas por el ACT al techo del inmueble, pero se indicó que estas ponen en riesgo la cobertura del seguro del edificio, así como la garantía de los trabajos de reparación del techo realizados en 2018 con un costo de 889,023.45 dólares.

Se dio a conocer que el oficial de construcción y el inspector de incendios de la ciudad han estado trabajando con ACT para hacer que las alteraciones no permitidas del espacio arrendado por la ciudad en el Price Center cumplan con los códigos de seguridad, remedien el incumplimiento del contrato de arrendamiento y reviertan la violación de la garantía del techo.

Debido a la complejidad de las alteraciones no permitidas, la ciudad ha tenido que recurrir a la experiencia en ingeniería de John Sternitzke, quien conoce bien el edificio ya que fue el ingeniero de la ciudad para el proyecto de construcción del techo en 2018-2019 y el proyecto de mejoras del edificio en 2007.

Además, por los diversos problemas legales relacionados con la construcción, el comercio y la propiedad inmobiliaria, un abogado externo es clave para resolver este asunto, dijo Macuil, quien explicó que el abogado externo estimó que si no se requiere litigio, el costo legal seria de 20 mil dólares y entre cinco y 10 mil para la revisión del experto en ingeniería. Si se procediera al litigio, los costos fácilmente subirán a 150 mil dólares.

“Transferir estos fondos es inevitable, ya que los abogados están viendo un posible incumplimiento de contrato de parte de ACT”, dijo el alcalde Gerardo Sánchez, quien señaló que el gobierno municipal invirtió bastante dinero en arreglar el techo y en el momento que hay algo irregular la aseguranza no es válida.

“Tenemos que trabajar con ACT y ellos tienen que trabajar con nosotros, se está revisando el contrato, viendo las opciones para solucionar el problema y evitar un litigio”, dijo.

El alcalde recordó a los residentes que la adquisición del edificio por parte de la ciudad y la firma del contrato de arrendamiento con ACT fue realizada por concilios anteriores. “Lo que si hicimos nosotros fue refinanciar la deuda y logramos ahorrar miles de dólares”.

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