En Caracas el metro circula, en los hospitales venezolanos hay pacientes, los estudiantes se gradúan en las universidades y las oficinas están abiertas, al menos hasta las dos de la tarde.
Todo esto ocurre, pero es también una ilusión óptica. El subterráneo de la capital funciona cuando no hay cortes eléctricos, sin apenas empleados ni controles. Las clínicas están asfixiadas por la falta de personal y medicamentos.
Los centros educativos luchan por sobrevivir y la Administración está atravesada por miles de grietas que anticipan un colapso inminente.
Acercar la lupa al sector público de Venezuela después de dos décadas de gestión del chavismo y, sobre todo, tras seis años de deterioro acelerado bajo el mando de Nicolás Maduro, supone observar un mastodonte que todavía no se ha derrumbado del todo gracias a las infraestructuras heredadas y a la implicación de sus trabajadores.
Cuando Iraida Ramírez comenzó en el hospital Doctor José Ignacio Baldó de Caracas, conocido como El Algodonal, era poco más que una adolescente.
Han pasado 34 años y desde entonces ha sido testigo de los cambios del país desde el departamento de gerencia de un centro que fue referencia en el tratamiento de afecciones respiratorias en Venezuela. “Lo teníamos todo, ahora no tenemos casi nada”, dice.
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