Ante la complicada situación derivada de la pandemia, Arizona ha diseñado un programa de apoyo en el pago de renta y servicios
Redacción
PHOENIX, Arizona. –
El Programa de Asistencia para el Alquiler de Emergencia (ERAP)del Departamento de Seguridad Económica ( DES) ahora ofrece asistencia para el alquiler y los servicios públicos a los inquilinos elegibles de Arizona afectados por la pandemia de COVID-19. Los hogares elegibles pueden recibir hasta $ 3,500 por mes para asistencia de alquiler y servicios públicos por un máximo de 18 meses.
Asistencia para el alquiler y los servicios públicos: los inquilinos y propietarios de los 12 condados de Arizona que se enumeran a continuación pueden solicitar asistencia para el alquiler y los servicios públicos mediante el portal en línea de ERAP. Para determinar la elegibilidad de un arrendatario para recibir asistencia, el arrendatario Y el arrendador deben presentar las solicitudes.
Los inquilinos que viven en los condados de Maricopa, Pima y Yuma no son elegibles para recibir asistencia de alquiler a través de este programa, pero pueden ser elegibles para programas similares operados por su ciudad o condado. Puede encontrar más información sobre estos programas en “Otros programas operados por la ciudad y el condado” a continuación.
Asistencia solo para servicios públicos: Los inquilinos en TODOS los 15 condados de Arizona interesados en asistencia solo para servicios públicos pueden presentar una solicitud utilizando Easy Apply en el portal en línea de ERAP. Esto permite a los inquilinos solicitar asistencia sin una solicitud conjunta del propietario.
Un hogar elegible puede recibir hasta $ 3,500 por mes para asistencia con el alquiler y los servicios públicos, según sus necesidades. Se dará prioridad a los saldos vencidos que se remonten a marzo de 2020. La asistencia futura se permitirá en incrementos de tres meses. La asistencia está disponible por un máximo de 18 meses. Los propietarios pueden obtener asistencia por única vez de hasta $ 500 para los costos relacionados con la corte y los abogados asociados con cada unidad de vivienda o inquilino.
