Un reporte que Eugenio Ímaz, entonces director del Cisen, entregó en el 2013 al gobierno de Washington da cuenta de una red de espionaje entre la entidad mexicana y la CIA, nacida en el sexenio de Felipe Calderón y fortalecida en el de Enrique Peña Nieto
POR PROCESO
WASHINGTON.– En el arranque de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto le abrió la puerta grande al espionaje estadounidense. Apenas con cuatro meses en el poder, el mexiquense presentó a la Administración de Barack Obama el proyecto Switch Access para que las agencias de inteligencia estadounidenses extendieran sus tentáculos en territorio mexicano.
El nuevo esquema de operación y presencia de los agentes de inteligencia fue presentado en Washington el 15 y 16 de abril del 2013 por Eugenio Ímaz Gispert, entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Dirigidos a John Brennan, quien encabezó la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los documentos clasificados, cuya copia tiene Proceso, exponen en el apartado de “Notas” que el gobierno mexicano propuso una nueva era de cooperación bilateral en materia de inteligencia respecto a la estrategia definida en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Ímaz también presentó a la CIA un diagnóstico sobre el Centro Coordinador Regional de Inteligencia y Operaciones (CCRIO), creado en el gobierno de Calderón, y en el que resalta que “aunque no cumplió las expectativas generales, será utilizado como modelo para el establecimiento de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI)”.
QUEJA DE LA SEDENA
El mensaje de Ímaz a la CIA también revela el alto grado de operación que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tuvieron en México durante el sexenio de Calderón en la realización de sobrevuelos sin la presencia de agentes mexicanos:
“El gobierno mexicano está redefiniendo el esquema de plataformas aéreas. Sin embargo, se considera que hay espacio para capacitación en infraestructura tecnológica requerida en el servicio de sobrevuelos e integración de una tripulación mexicana”.
El gobierno de Peña Nieto se limitó a exponer algunas quejas a la CIA de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la operación de las agencias de inteligencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, pero, de igual manera, les ofreció expandir sus tentáculos sobre los asuntos de terrorismo o anarquismo.
En el subtítulo “Contexto”, Ímaz expone ocho puntos a la CIA. En el primero menciona que a dos años y tres meses del inicio de las operaciones del CCRIO se mantiene el esfuerzo interinstitucional y binacional, “con la participación de la Agencia Antidrogas, el Buró Federal de Investigaciones, Departamento de Seguridad Interna, Oficina de Política de Análisis y Desarrollo, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa y el Comando Norte, representado por 18 civiles”.
En el segundo punto indica que la cooperación en el intercambio de información binacional se ha fortalecido con el apoyo de los avances tecnológicos en sistemas de cómputo y comunicaciones, que permiten consultar diversas bases de datos, entre ellas domicilios, propietarios de vehículos, trámites de visas, cruces fronterizos, sábanas telefónicas y rutas aéreas comerciales de blancos prioritarios.
En el tercero expone que con las plataformas áreas K.A.-300 y PC-12, “operadas por empresas civiles contratadas por el Departamento de Defensa y el Dash-7 del ejército estadounidense, ambas coordinadas por agentes de la representación de Estados Unidos en el CCRIO, trabajan con dos o tres vuelos diarios sobre blancos de acceso que los analistas del CCRIO programan. Ello ha permitido tener éxito en operaciones para la detención de delincuentes”.
En el cuarto punto detalla que las plataformas tienen su base en San Antonio, Texas, y poseen independencia de vuelo en la zona fronteriza de Tamaulipas, Coahuila y en el norte de Nuevo León.
En el quinto apartado el Cisen reconoce que “existe la inquietud” sobre la salida de personal comisionado por el gobierno de Estados Unidos. “Al respecto se podrían considerar como alternativas el refrendo de los enlaces de militares con militares (Sedena/Comando Norte), la posibilidad de reinstalar al personal del Comando Norte a la estructura de gobierno (militar a civil) y la donación de equipo de CCRIO para los Centros Regionales”.
En el sexto externa la “inquietud sobre la operación de plataformas que actualmente están instaladas en la zona noreste por la cercanía con el territorio estadounidense. El esquema para que se concentren en otro punto (por ejemplo, en la región centro o en el Centro Nacional) demandará nuevas formas de colaboración y revisión de los marcos legales”.
En el séptimo asunto se destaca una queja de la Sedena que exigía la presencia de un piloto mexicano (en las operaciones); Estados Unidos aceptó, pero el trámite lleva “ocho meses sin solución”.
El Cisen agregó que “resultaría conveniente evaluar la conveniencia de dejar ver que México podría estar más interesado en generar capacidades propias, vía la adquisición de equipo”.
NUEVA TÁCTICA
El gobierno de Peña Nieto le planteó al de Obama el establecimiento de una estrategia llamada México en Paz, para combatir al narcotráfico y el crimen organizado.
El plan binacional, coordinado por Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación, según el documento, pretende un nuevo modelo de labores de espionaje por medio de la Coordinación Nacional de Fusión de Inteligencia. El Cisen había recibido la “oferta” de la CIA de formar “unidades veteadas” y de retomar los trabajos conjuntos para eliminar cultivos ilícitos.
En la estrategia México en Paz, la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y el Cisen tendrían mayor participación.
En el contexto del plan México en Paz se establecieron los cinco CRFI y fueron distribuidos de la siguiente manera: el primero en Sinaloa, bajo el mando de la Sedena; el segundo en Monterrey, bajo el mando de la Sedena; el tercero en Manzanillo, bajo el mando de la Semar; el cuarto en Toluca, bajo el mando de la Sedena; y el quinto en Coatzacoalcos, bajo el mando de la Semar.
“Cada coordinación regional dispondrá de subsedes en las entidades que conformen la zona de atención. Las estructuras se encontrarán desagregadas en tres componentes de acuerdo con sus funciones y ámbito de competencia: inteligencia (acopio y análisis), operación y ministerial”, agrega.
En el contexto de la asistencia económica, técnica y militar que el gobierno de Obama ofrecía a México vía la Iniciativa Mérida, Ímaz notificó a Brennan que incluso se estaba canalizando “la posibilidad de someter a personal mexicano seleccionado a los exámenes de control de confianza de Estados Unidos”.
El entonces director del Cisen, a cuatro meses de iniciado el sexenio peñanietista, le presumió a la CIA que en el combate a los cárteles del narcotráfico ya se había logrado “la captura de 41 objetivos y neutralizado a otros tres”, y que se trabajaba para “ampliar el conocimiento” sobre la operación de los grupos criminales.
CAMPO ABIERTO
Durante la gestión del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Cisen propuso la participación de las agencias de espionaje de Estados Unidos sin limitar su presencia y operación en territorio mexicano, incluso en áreas que no fueron consideradas inicialmente en la Iniciativa Mérida, herramienta bilateral de combate al crimen organizado.
“Ampliar horizontes hacia terrorismo y/o anarquismo, no centrar la utilidad en la delincuencia organizada”, destacan los documentos sobre el programa Switch Access.
En los archivos clasificados el gobierno de Peña plantea la participación de las agencias estadounidenses en casos regionales y no sólo en “blancos de alto valor”, como son los jefes del crimen organizado.
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