La Oficina de Aduanas y Migración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha pedido llevar a los tribunales a los políticos que han avalado las medidas que benefician a migrantes indocumentados, bajo el argumento de que el resultado de acciones como las ciudades santuario ocasionaría la muerte de ciudadanos.
California se convirtió el 1 de enero en el primer llamado Estado santuario de Estados Unidos: todos sus cuerpos de policía locales y estatales tienen prohibido colaborar con la policía de inmigración federal excepto en una serie de casos predefinidos.
La declaración se convirtió en un desafío mayúsculo a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, quien ha reaccionado con rapidez y furia.
«Tenemos que llevar a estas ciudades santuario a los tribunales y tenemos que empezar a presentar cargos por delitos contra algunos de estos políticos», señaló el martes en Fox News Thomas Homan, jefe interino de ICE a la espera de ser confirmado oficialmente para el cargo por el Senado.
«Estos políticos tienen que rendir cuentas personalmente», subrayó en alusión implícita al gobernador de California, el demócrata Jerry Brown.
Brown firmó el pasado octubre la ley, conocida como SB54, la cual unifica el criterio de todas las policías estatales.
