Catalina Navarro
Yuma, Arizona
El cierre de la Aduana de Lukeville, Arizona, que hace límite con la ciudad sonorense de Sonoyta, ya mostró fuerte impacto en las voces políticas a nivel federal en Arizona.
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Liderados por el Supervisor del Condado de Yuma, Jonathan Lines, la Alianza compartió en X el aviso bajo el que argumentaba la Patrulla Fronteriza que el resurgimiento de migración masiva era la base para cerrar toda publicación informativa y criticó severamente al Gobierno Federal de los Estados Unidos, a quienes les exigían actuar, y aseveraron que el hecho es “una evidencia que confirma que lo que está pasando en Tucson es una crisis”.
“Nuestra frontera Sur ha sido sobrepasada al máximo que la Patrulla Fronteriza ni siquiera puede mantener al público informado”, expusieron.
La garita turística de San Luis, Arizona ya luce desde hace unos dos o tres meses con bastante movimiento no sólo de los peatones que cruzan a diario desde San Luis Río Colorado, pero también de migrantes que literalmente acampan, como en el Verano del 2018, en espera de su cita con oficiales para revisar solicitudes de asilo humanitario.
Extraoficialmente trascendió que las agencias de asistencia del condado de Yuma que apoyan a las autoridades federales otorgando chequeos de salud y vacunas sobre todo contra COVID e influenza, ya han sobrepasado también la capacidad y se esperan mayores cantidades de migrantes.
Por otro lado, los senadores de Arizona Kyrsten Sinema y Mark Kelly junto con la gobernadora Katie Hobbs coincidieron en un comunicado de prensa conjunto que: “las comunidades fronterizas de Arizona están en crisis y nuestros hombres y mujeres en primera línea no tienen los recursos que necesitan para gestionar la abrumadora cantidad de migrantes que cruzan la frontera”.
Especifican que con más de 2 mil migrantes cruzando el sector de Tucson diariamente, CBP ha anunciado que cerrará temporalmente el puerto de entrada de Lukeville, Arizona, y redirigirá a todos los oficiales, que de otro modo gestionarían los viajes diarios de los trabajadores y turistas de los que dependen las empresas y el comercio que impulsa nuestra la economía hacia adelante, para en cambio ayudar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a procesar a los inmigrantes.
“Este es un resultado inaceptable que desestabiliza aún más nuestra frontera, pone en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y daña nuestra economía al alterar el comercio y el turismo”, emitieron.
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