La norma que los republicanos rechazan aportaría fondos a las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó este jueves su visita a la frontera con México en Brownwsville (Texas) para redoblar la presión sobre los republicanos para que aprueben una ley con la que contener la presión migratoria.
Biden recordó que nada más llegar al cargo propuso un proyecto de ley para reformar “un sistema de migración roto”. Y que, en los últimos meses, demócratas y republicanos han estado negociando en el Congreso un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Ese acuerdo ha sido torpedeado por Donald Trump, que presionó a los republicanos para que lo rechazasen, y que este jueves participó en paralelo en otro acto en la frontera en Eagle Pass (Texas). La ley habría destinado más de 20.000 millones de dólares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos.
El proyecto, que parece haber naufragado, incluía fondos para las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida. Además, incluía una modificación legal que habría permitido a Biden devoluciones en caliente, suspendiendo las normas de asilo al superarse ciertos umbrales en el flujo de entradas. La legislación permite a los inmigrantes solicitar asilo, independientemente de cómo lleguen, y llegan en tal cuantía que desborda la capacidad de un sistema de inmigración infrafinanciado. Eso permite en la práctica que los inmigrantes se instalen mientras sus casos se demoran durante años. La ley habría activado la repatriación inmediata de migrantes al superarse los 5.000 cruces ilegales diarios de media en un periodo de cinco días.
Si fracasa el proyecto de ley definitivamente, Biden está analizando la posibilidad de aprobar un decreto con algunas medidas para dificultar el paso de inmigrantes o facilitar su expulsión. Entre las medidas que está estudiando el equipo de Biden figura la de invocar las facultades previstas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de determinados inmigrantes si ello fuera “perjudicial” para el interés nacional.
Trump recurrió repetidamente a esa norma durante su mandato, incluida su polémica prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana, que Biden revocó nada más tomar posesión. El Gobierno de Biden analiza si se puede aplicar esa disposición al superarse cierto número de cruces ilegales, en línea con la disposición que incluía la ley propuesta. Pero si no se modifica la ley, cualquier decreto contra los cruces fronterizos será probablemente impugnado ante los tribunales.
En su intervención de este jueves en un centro de mando de la patrulla fronteriza en Brownsville, Biden pidió a los congresistas republicanos que mostrasen “un poco de agallas” y no se dejasen intimidar por las presiones de Trump. Pero también apeló directamente a su antecesor: “En lugar de decir a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únase a mí. O yo me uniré a usted”, dijo. “Podemos hacerlo juntos. Usted sabe y yo sé que es el proyecto de ley de seguridad fronteriza más duro, eficiente y eficaz que este país haya visto jamás. En lugar de jugar a la política con el tema, ¿por qué no nos unimos y lo hacemos?”, añadió.
Según la información facilitada por la Casa Blanca, estos son algunos de los puntos clave de la iniciativa que ha quedado (de momento, y quizá para siempre) bloqueada:
Patrullas fronterizas. El personal del cuerpo de las patrullas fronterizas se ha mantenido prácticamente estable en los últimos cuatro años, a pesar de que los encuentros fronterizos (eufemismo con el que se habla de las detenciones) han aumentado un 250% en el mismo periodo. En la actualidad, solo hay 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza. El proyecto de ley añadiría más de 1.500 nuevos agentes de Aduanas y Protección de Fronteras.
Agentes de asilo y reforma del sistema de asilo. La plantilla de oficiales de asilo ha permanecido estancada durante los últimos cuatro años y no hay un número suficiente de oficiales de asilo para hacer las revisiones iniciales. Como consecuencia de ello, cada caso de asilo suele tardar entre cinco y siete años en tramitarse y resolverse. En la actualidad, hay aproximadamente 1.000 funcionarios de asilo; el proyecto de ley añadiría 4.300 funcionarios de asilo adicionales y haría que el proceso de asilo fuera más rápido y justo.
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