Carlos Bravo Regidor
¿Es sensato mantener la ecuanimidad a sabiendas de que el objetivo del «Plan B» era, literal, destazar al INE? ¿Denunciar el amedrentamiento contra el periodismo crítico desde Palacio Nacional es incurrir en el exceso? ¿Defender a la Suprema Corte frente a la hostilidad del obradorismo es caer en la trampa polarizadora del Presidente? No son preguntas que se refieran a diferencias ideológicas normales, que reflejen la pluralidad propia de una sociedad compleja y diversa, ni tampoco que se resuelvan optando entre una u otra alternativa de asignación presupuestal o política pública. Son preguntas que remiten, más bien, a cómo reaccionar ante el hecho de que tres condiciones básicas de la democracia están bajo amenaza: las elecciones íntegras, la prensa libre y los tribunales independientes.
Que las encuestas registren a una mayoría que aprueba al Presidente o tiene la intención de votar por Morena en las elecciones federales de 2024 no mitiga la amenaza, al contrario. Significa que el embate del oficialismo contra esos pilares de la institucionalidad democrática tiene amplio respaldo social (tal vez no del todo explícito, tal vez tácito, o al menos que esa mayoría no lo considera tan grave como para cambiar su preferencia por la coalición obradorista). Sea como fuere -por militancia activa, por tolerancia pasiva o por mera indiferencia-, el punto es que la alta popularidad de un líder no implica que lo que haga dicho líder sea, automáticamente, democrático. Existen multitud de ejemplos históricos e incluso contemporáneos al respecto: hay liderazgos con apoyo mayoritario que lo usan para atentar contra la democracia.
Tengo para mí que negarla, eludirla o rizar el rizo de la ambigüedad no son las mejores maneras de reaccionar ante la tragedia de semejante paradoja. Lo mínimo, lo fundamental en términos de honestidad intelectual y responsabilidad periodística, es mirarla con los ojos bien abiertos, evitar los eufemismos y atreverse a nombrarla. Hacerlo no implica renunciar a la prudencia, abandonar el rigor ni entregarse al indecoroso griterío de la descalificación estéril; implica no hacerles el juego a las falsas equivalencias, no tener miedo de llevarle la contraria al poder o de quedar mal con la mayoría, no ceder a la presión de esa forma de control social que Elisabeth Noelle-Neumann denominaba «la espiral del silencio». Es cierto que las cosas nunca son tan sencillas como parecen, pero hacerle justicia a su complejidad no puede convertirse en un pretexto para no llamarlas por lo que son.
A estas alturas del sexenio quedan pocas sorpresas; abundan, en cambio, las confirmaciones. Para quien haya estado poniendo atención, en otras palabras, lo que sobra no son los asombros sino los aprendizajes. Quizá uno de los más relevantes es que no vale la pena tomarse la palabra del Presidente más en serio de lo que se la toma él mismo. Muchos de sus adeptos todavía se empeñan en hacer interpretaciones generosísimas de su discurso, en encontrarle sentidos cuya sofisticación haría palidecer hasta al más devoto exégeta de Hegel. Sin embargo, no es lo mismo tener profundidad que estar metido en un hoyo.
Así, sea su malograda propuesta de reforma electoral, sus evasivas para no hacerse cargo de las investigaciones que documentan espionaje, corrupción o dispendio en su gobierno, o sea su agresiva campaña para chantajear a la Suprema Corte y desprestigiar sobre todo a la ministra presidenta, Norma Piña, lo que hay en el fondo siempre es lo mismo: más el instinto de acumular poder que la capacidad de ejecutar una idea política.
Había mucho que cuestionar y criticar en el México de antes de 2018, sin duda, pero el Presidente ha dedicado su sexenio más a instrumentalizar esos fiascos y déficits del pasado que a atender sus causas. El saldo de su desgaste a un año de que acabe su administración es la visibilidad que han adquirido sus rasgos más desbocadamente autoritarios. No es estridencia señalarlo, es negligencia no advertirlo.
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