Redacción
Yuma, Arizona
Una Legisladora Republicana de Arizona encabeza una delegación de miembros de la Cámara de Representantes del estado que exige la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, que emprenda una investigación de la ley denominada SB 1487 que fue aprobada para implementar un proyecto de obras públicas financiado por los contribuyentes en el Condado de Yuma, bajo el argumento de que podría incurrir en violaciones de la ley estatal y la Cláusula de Donación de la Constitución de Arizona, así como favoritismo y abuso a través de un proceso de adquisición fundamentalmente defectuoso y potencialmente ilegal.
La funcionaria Laurin Hendrix quien trabaja en el Distrito Legislativo 14 en Gilbert y es presidenta del Comité de Asuntos Regulatorios de la Cámara envió esta semana una carta a la Fiscal General, donde con los otros legisladores señala que millones en fondos federales de ayuda por COVID-19 que se suponía llevarían banda ancha a áreas desatendidas del condado de Yuma se están entregando a un contratista sin licencia de otro estado. En el comunicado emitido por Hendrix, se indica que:
“No podemos ignorar el aparente desprecio del condado de Yuma hacia la ley de Arizona y la falta de supervisión y responsabilidad en torno a este proyecto crítico”.
Al cierre de esta edición la Mesa de Supervisores del Condado de Yuma no había emitido posición sobre el tema.
Bajo el código 41-194.01 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS), los legisladores pueden solicitar al Fiscal General de Arizona que investigue e informe si una ordenanza viola la ley estatal.
Una vez presentado, la Procuraduría General de la República tiene 30 días para emitir un informe de su conclusión.
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