Redacción
Yuma, Arizona
A partir del mes de junio de 2024, en Arizona comenzará a tener vigor el derecho constitucional de las mujeres a un aborto o terminación de embarazo, gracias a la derogación de la prohibición que desde 1864 existía.
Así lo dio a conocer la Fiscal General de esta entidad, Kris Mayes, por medio de una carta emitida al sector Salud de todo el estado, incluyendo hospitales y proveedores médicos, donde aclaró que la fecha más temprana que podría entrar en vigor la prohibición casi total del aborto de 1864 es el 8 de junio de 2024.
Sin embargo, los proveedores de atención médica pueden continuar brindando atención de acuerdo con la Ley de aborto de 15 semanas aprobada en 2022 hasta al menos esa fecha.
“A falta de cualquier litigio o acción adicional por parte de la Legislatura, el status quo permanece vigente con respecto a la ley de aborto en nuestro estado hasta el 8 de junio de 2024”, dijo la Fiscal General Mayes.
“Mi oficina continúa explorando todas las opciones legales disponibles para evitar que entre en vigor la prohibición casi total del aborto de 1864”, reiteró la Fiscal Estatal, “pero los proveedores de atención médica pueden estar seguros de que, debido a una orden judicial separada en el caso Isaacson contra el Estado de Arizona, la prohibición de la era territorial no entrará en vigor hasta 45 días después de que la Corte Suprema de Arizona emita el mandato final en Planned Parenthood contra Mayes y Hazelrigg”.
Actualmente, el mandato está programado para emitirse el 24 de abril de 2024 y cuarenta y cinco días después de esa fecha es el 8 de junio de 2024.
Antes de emitir la carta, al inicio de esta semana, la Fiscal General Mayes se reunió con más de 40 representantes, incluidos directores médicos, de hospitales y clínicas de todo el estado para comprender mejor los problemas actuales e inminentes que enfrentan.
El viernes pasado celebró una reunión adicional a la que asistieron más de 25 proveedores de servicios de aborto, médicos de salas de emergencia, especialistas, obstetras y ginecólogos y otros que trabajan en el campo de la salud reproductiva.
En el comunicado dado a conocer este lunes por la Fiscalía, se indica que las reuniones fueron fundamentales para obtener una visión directa del caos creado por la decisión de la Corte Suprema de Arizona de prohibir casi totalmente el aborto en 1864, además de la caída del caso Roe en la decisión de la actual Gobernadora Katie Dobbs hace casi dos años.
“Debido a que los legisladores republicanos continúan bloqueando los esfuerzos para derogar la ley de 1864, los proveedores médicos se encuentran en situaciones increíblemente desafiantes mientras intentan brindar atención que salva vidas a las mujeres en Arizona y al mismo tiempo cumplir con la ley”, indica el comunicado.
Y es que el argumento de la Fiscal se basa en que la actual Ley es prácticamente ley muerta, pues se decidió en un tiempo en el que las mujeres no tenían derechos, tal y como lo describe en su declaración:
“Las decisiones desgarradoras que los médicos y enfermeras tendrán que tomar si esta ley de 1864 entra en vigor son desmesuradas; en lugar de escuchar a los profesionales médicos vivos hoy, los republicanos en la Legislatura harían que la atención médica de los arizonenses fuera dictada por hombres que vivieron hace 160 años en una época en la que las mujeres tenían pocos derechos y Arizona ni siquiera era un estado”.
La Procuradora dijo que continuará haciendo todo lo posible para apoyar a los profesionales médicos mientras trabajan para brindar atención a sus pacientes, lo cual considera que ya es complicado bajo la actual prohibición del aborto a las 15 semanas.
“La conclusión es que estas decisiones deben ser privadas y tomarse entre el paciente y su médico”, insistió.
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