*Senadora Sinema lidera proyecto de ley bipartidista que crea una autoridad temporal de gestión fronteriza, antes del fin del Título 42.
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WASHINGTON –
La senadora senior de Arizona Kyrsten Sinema se asoció con el senador republicano Thom Tillis (N.C.) para presentar una legislación bipartidista que se asemeja a las operaciones del Título 42, otorgando a la Administración una autoridad de expulsión temporal de dos años para los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a los EE. UU., sin inspección o documentos adecuados. La legislación de los senadores está copatrocinada por los senadores Joe Manchin (D-W.V.) y John Cornyn (R-Texas).
“Las comunidades fronterizas de Arizona, las agencias de aplicación de la ley, las organizaciones sin fines de lucro y las familias se ven obligadas a manejar una crisis que no crearon. A pesar de nuestros repetidos llamados, la Administración Biden no pudo planificar con anticipación ni implementar un plan realista y viable; nuestra legislación les da más tiempo para implementar un plan que asegurará nuestra frontera, protegerá a las comunidades de Arizona en la primera línea de esta crisis y garantizará que los migrantes reciban un trato justo y humano”, dijo Sinema, presidente del Subcomité de Gestión Fronteriza.
“La Administración Biden no ha logrado asegurar la frontera y la situación empeorará aún más una vez que se permita que expire el Título 42. Está claro que el Congreso debe intervenir de inmediato, y el proyecto de ley bipartidista que estoy presentando con el Senador Sinema ayudará a prevenir las consecuencias catastróficas en la frontera que pronto veremos si no se toman medidas”, dijo Tillis.
El proyecto de ley bipartidista de Sinema y Tillis brinda protecciones para garantizar que los migrantes no sean devueltos a un lugar que amenazaría su vida, libertad o los expondría a la tortura, y permite exenciones caso por caso para los migrantes con necesidades médicas agudas.
Dado que la autoridad del Título 42 se basó en la existencia de una emergencia de salud pública, esta legislación otorga a la Administración autoridad de expulsión temporal que no está vinculada a la salud pública.
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