Catalina Navarro
Somerton, Arizona
Tras que el Departamento de Seguridad Nacional declaró la vigencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia conocido como DACA el pasado 31 de octubre, un representante de Chicanos Por La Causa, único organismo acreditado por el Departamento de Justicia para servicios de migración en Arizona, consideró que es un paso positivo, pero aún quedan casos rezagados.
La decisión de DHS, abreviatura en Inglés del Departamento de Seguridad Nacional, implica que DACA es una regla formal, pero permanece sujeto a litigio en la Corte.
“Aunque estamos contentos de que la Administración federal esté haciendo lo posible por fortalecer el programa de DACA, la verdad es que en práctica”, declaró Sean Goslar, director regional de Programas de Servicios de Inmigración de CPLC, “ahorita todo sigue igual, ya que todo sigue detenido en las Cortes y no están aceptando solicitudes nuevas, sólo renovaciones”.
El programa creado por medio de Orden Ejecutiva por el Presidente Barack Obama en 2012 protege de ser deportados a menores traídos de manera indocumentada por sus padres, por dos años mientras que les da permiso para laborar, Seguro Social, siendo, como lo define DHS, como un permiso de estancia, no de residencia o ciudadanía.
Desde entonces, DACA ha permitido en todo el país a más de 800 mil jóvenes a permanecer con sus familias, en el único país que muchos de ellos han conocido como el suyo y continúan contribuyendo a sus comunidades, de acuerdo a DHS.
Goslar, por su parte, afirmó que en Arizona Chicanos Por La Causa atiende tras las modificaciones a DACA muy pocos casos de renovaciones, “porque la mayoría de jóvenes lo hacen ya por su propia cuenta porque son bastante sencillas”.
Dijo que unos 10 clientes solicitan la renovación.
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Cómo quedó DACA
La regla final emitida por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, el 31 de octubre, es producto de una cuidadosa revisión que consideró los más de 16 mil comentarios recibidos durante el período de opinión pública.
Codifica la política existente de DACA, con cambios limitados, y reemplaza la guía establecida en el memorando de la ex Secretaria Janet Napolitano de 2012.
DACA no es una forma de estatus legal, pero los beneficiarios de DACA se consideran «presentes legalmente» para ciertos propósitos.
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