Unos 565 niños indocumentados separados de sus padres en la frontera aún permanecen bajo custodia del gobierno federal.
Venticuatro de ellos son menores de cinco años, revela un reporte entregado ayer en una corte federal de San Diego, California. Es la primera vez que se incluye una relación de los niños en dos grupos según su edad.
Los menores indocumentados están bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y fueron parte de más 2,600 niños separados de sus progenitores en la frontera con México, como resultado de la política estadounidense de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal. El juez federal Dana Sabraw ordenó en junio pasado que fuesen devueltos a sus padres, con el 26 de julio como plazo.
Según los abogados del gobierno, algunos de esos 565 niños no han podido ser reunidos con sus padres porque la información sobre ellos no se ha actualizado o porque esos adultos representan un riesgo para su bienestar.
En seis casos de menores de cinco años, sus padres ya han sido deportados, por lo que serán enviados a su país de origen o se designaría a un tutor o familiar en EEUU para que se haga responsable de ellos.
Esta propuesta de reunificación todavía requiere aprobación del juez Sabraw, pues los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpusieron una demanda colectiva contra el gobierno de Donald Trump por la separación de familias indocumentadas, solicitaron de que se conceda el regreso a EEUU de algunos de esos padres.
De acuerdo a ACLU, en el plan presentado la semana pasada por los Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Seguridad Nacional (DHS), Estado (DOS) y Justicia (DOJ), se asume que todos los reencuentros deben realizarse en el país de origen de los involucrados. El gobierno argumenta que el mandato judicial no obliga a que los beneficiados de la demanda colectiva vuelvan a EEUU.
“En algunos casos, los padres deportados pudieron no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que el hacerlo podría demorar o evitar la reunificación”, señalan los abogados de ACLU en una notificación presentada ayer a la corte.
El gobierno federal indicó en su informe ayer que 154 padres -muchos de estos ya deportados- se negaron a hacer valer su derecho de reunificación.
La pasada semana, Sabraw dio luz verde a la propuesta del gobierno federal para reunir a estas familias, que se basa en cinco pasos: identificarlas, hacer contacto, evaluar el bienestar del niño, resolver cuestiones migratorias del menor y, finalmente, transportarlo al país donde se encuentra el padre o madre.
Entre los cambios que han quedado establecidos a esa propuesta figura que el gobierno se encargue de la logística y traslado a sus países de origen, además que debe afirmarse que la reunificación no interferirá con el derecho del niño a solicitar asilo en EEUU en el futuro.
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