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Van por el clero

Por José Manuel Rodríguez

Las dictaduras, y la resistencia a ellas, son temas recurrentes en la historia de América Central. En esa historia ha sido crucial el papel de la Iglesia Católica Romana, la cual sigue siendo la denominación cristiana más grande de la región, y cuyos sacerdotes, monjas y obispos han ofrecido apoyo —material y moral— a los movimientos democráticos, a menudo bajo el riesgo del castigo o la muerte. El dictador más reciente en acosar y amenazar a los líderes de la Iglesia por razones políticas es Daniel Ortega en Nicaragua. El 19 de agosto, la Policía de Ortega arrestó a Rolando Álvarez, obispo de la séptima ciudad más grande del país, y lo puso bajo arresto domiciliario en Managua, la capital. Mientras tanto, cinco sacerdotes y dos seminaristas fueron enviados a El Chipote, la notoria cárcel para presos políticos. Este ataque a la principal institución religiosa del país es una enorme escalada de represión que los líderes, desde Washington hasta Roma, deben condenar y responder con acciones.

La represión de Ortega comenzó en 2018 para acabar con una ola masiva de protestas que contó con el apoyo de estudiantes, profesionistas de la clase media y muchos exmiembros de su propio partido político sandinista. Los líderes de la Iglesia se ofrecieron como intermediarios, muchos de ellos dejando en claro su simpatía por el movimiento. Ignorando por completo el diálogo, el régimen desató a sus fuerzas de seguridad y 355 personas perdieron la vida, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los 180 presos políticos que todavía languidecen en El Chipote y otros lugares, se encuentran políticos que tuvieron la temeridad de considerar ser candidatos opositores a Ortega en su reelección amañada de 2021.

Al obispo Álvarez se le acusa de haber persistido “en actividades desestabilizadoras y provocadoras”, según el comunicado del gobierno. Sin duda, el comportamiento del obispo no le convenía a la dictadura. Ya en 2015, Álvarez había liderado protestas ambientalistas contra los planes del gobierno de permitir la extracción de oro en el norte de Nicaragua. En ese momento, el gobierno escuchó sus protestas y abandonó el proyecto minero. Lo que el régimen de Ortega no pudo tolerar, aparentemente, fueron los llamados más recientes del obispo Álvarez a la reforma electoral y la liberación de los presos políticos, los cuales respaldó con una huelga de hambre en mayo. El arresto del obispo Álvarez y otros clérigos forma parte de la estrategia del régimen contra la Iglesia, que incluye el cierre de siete estaciones de radio propiedad de la misma el 1 de agosto y la destitución, en marzo, del embajador del Vaticano en Managua, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag. En abril, Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua, abandonó el país, aparentemente porque el papa Francisco lo había convocado al Vaticano. El obispo Báez fue objeto de frecuentes amenazas de muerte y resultó herido en un ataque perpetrado por manifestantes pro-gobierno en 2018.

Hasta ahora, el Vaticano ha tratado de evitar la confrontación en su respuesta a los ataques del régimen de Ortega. Consistente con ese enfoque, el papa declaró el domingo que los eventos en Nicaragua le causan “preocupación y dolor”, pero no condenó ni mencionó en específico los arrestos, sino que pidió un “diálogo abierto y sincero”. En contraste, el obispo Báez tuiteó: “Con el corazón indignado y dolido condeno el secuestro nocturno de Mons. Álvarez (…) De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”. Decirle la verdad al poder de esa manera quizás no sea una acción suficiente por sí sola para acabar con la represión en Nicaragua. Pero no puede haber progreso sin ella.

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