Un grupo integrado por 18 senadores demócratas y un independiente enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, para advertirle que, “si planea continuar en su oficina, le imploramos que haga lo correcto e inmediatamente cambie el curso” trazado por el gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.
En la misiva, los senadores se dirigen a Nielsen “en su calidad de principal creador de las políticas migratorias del gobierno de Trump”, las que califican de “antiinmigrantes” y de haber provocado “la peor crisis de inmigración en los tiempos modernos” y que bajo su liderazgo “cada día empeora”.
Entre las políticas cuestionadas, el grupo de senadores menciona la crisis de refugiados creada tras la reducción de la cuota ordenada por el presidente Donald Trump, quien “estableció el techo más bajo de todos los tiempos”, señalando además que las nuevas medidas están dirigidas a “evitar que las víctimas de pandillas y violencia sexual busquen refugio seguro en Estados Unidos”.
SEPARACIÓN DE NIÑOS
Los senadores también protestan por la falsa afirmación de que el gobierno de Trump “no tiene una política de separación de familias en la frontera” siendo que “bajo su supervisión casi 2,700 niños migrantes fueron separados de sus padres” bajo el cumplimiento de la ‘política de tolerancia cero’.
“Su secretaría (ministerio” los ha calificado cruelmente como ‘unidades familiares eliminadas’, puntualizó el grupo. “Hasta el 16 de agosto, más de 500 niños aún no se han reunido con sus familias, incluidos más de 360 cuyos padres aparentemente fueron deportados y 10 de ellos no han sido localizados.
El DHS reconoció en junio que, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, separó forzosamente un total de 2,551 menores en la frontera cuando ingresaron a Estados Unidos, la mayoría de ellos en busca de asilo.
Los agentes federales de inmigración formularon cargos criminales por ingreso ilegal a los adultos para de esa manera enviar a los menores al cuidado del Departamento de Salud y Recursos humanos (HHS).
El 26 de junio un juez federal del sur de California, en San Diego, en respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ordenó al gobierno de Trump reunificar a la totalidad de las familias separadas. Cumplido el tiempo el DHS dijo al tribunal que más de 570 menores no habían sido reunificados por diversas causas, entre ellas que más de 430 fueron deportados sin sus hijos.
ELIMINACIÓN DE DACA
Además de las críticas a la ‘política de tolerancia cero’, el grupo lanzó una dura crítica a la decisión del gobierno de haber cancelado en septiembre del año pasado la Acción Diferida (DACA), que protege de la deportación a unos 700 mil dreamers.
Si bien el programa fue restablecido por el fallo de tres tribunales federales, el beneficio migratorio pende de un hilo y el gobierno sigue intentando revertir las sentencias provisionales para cancelarlo en su totalidad, apelando las decisiones judiciales.
“El litigio en curso resaltado su papel central en el cruel esfuerzo por derogar el programa, que ha proporcionado protección temporal contra la deportación a miles de dreamers que crecieron en este país”, escribieron los senadores a Nielsen. “A pesar de su estridente oposición, los tribunales federales ordenaron al gobierno continuar las renovaciones de DACA”, agregaron, pero fustigaron la decisión del gobierno de “negarse a defender el programa en una demanda presentada por el Estado de Texas y otros seis estados, lo que puede dar lugar a una orden judicial que bloqueará las renovaciones de DACA” en cualquier momento.
Estas decisiones judiciales contradictorias solo conducirían a un mayor caos e incertidumbre para estos soñadores e innumerables estadounidenses que confían en ellos”, dice la carta.
EL TPS
Los 19 senadores agregan a la lista de políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump la cancelación de los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que deja a unos 300,000 inmigrantes, algunos de los cuales llevan casi 20 años en Estados Unidos, al borde de la deportación.
“Esto pone en peligro la estabilidad de estos países, nuestra seguridad nacional y la seguridad de estos destinatarios de TPS”, se lee en la misiva. “Y no ha ofrecido ninguna solución creíble para proteger los mejores intereses de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos que son hijos de estos destinatarios de TPS”, agregaron.
Añade la carta la negación por parte del gobierno de brindarle “protección a los recién llegados”, entre ellos inmigrantes sirios que huyen de la guerra en busca de refugio. “¿Cómo puede un refugiado sirio que llegó a Estados Unidos verse obligado a regresar a una guerra civil brutal?, se preguntan.
El gobierno “ha implementado medidas demasiado amplias e ineficaces, como la prohibición de viajar dirigida a países musulmanes. Esto envía un mensaje claro de que Estados Unidos ya no es un país acogedor”, anotaron. Y agregan que esta medida ha llevado a una fuerte disminución en el número de estudiantes internacionales, “al tiempo que las universidades en otras naciones están viendo un aumento de dos dígitos en la matrícula de estudiantes extranjeros. Esto es una amenaza para la preeminencia de nuestro sistema de educación superior y nuestra competitividad económica”.
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