Señala que en Georgia esterilizaban mujeres a la fuerza
Redacción
TUCSON, Arizona
Luego de conocerse la denuncia de una enfermera que alega irregularidades y abusos contra la salud y los derechos humanos en el Centro de Detención del Condado de Irwin en Georgia, el congresista Raul Grijalva señaló que cualquier contrato federal o estatal con esta instalación debe revocarse en espera del resultado de la investigación.
El centro de detención es administrado privadamente por la corporación LaSalle Corrections, que también tiene a su cargo el Centro de Detención de San Luis, Arizona.
La denunciante, trabajó como enfermera en este centro y expuso que además de no seguir los protocolos de seguridad por COVID-19, se realizaron altas tasas de histerectomías en mujeres detenidas que a menudo no necesitaban el procedimiento.
“Estas acusaciones son horribles y exigen una investigación inmediata”, dijo Grijalva, quien considera que es una brutalización absoluta de parte de la industria de detención privada.
“Aunque estas mujeres nunca recuperarán lo que han perdido, se debe hacer justicia”, expuso. “Me uniré a mis colegas para exigir una investigación independiente y debe haber consecuencias para los involucrados”.
Aplaudió el coraje de la denunciante y manifestó que este tipo de abusos en la industria de las prisiones privadas y la detención, han continuado con impunidad demasiado tiempo, por lo que buscará la aprobación de su propuesta de ley Justicia No Se Vende, que prohibiría las prisiones privadas y centros de detención, “terminando con la detención de familias inmigrantes de una vez por todas «.
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