Por Periódico La Jornada
La pensión universal para la tercera edad, que consiste en la entrega de 2 mil 550 pesos bimestrales, llegará a 8.5 millones de personas y cuenta con un presupuesto de 100 mil millones de pesos, pero se dará prioridad, de acuerdo con las reglas de operación publicadas a fines de enero, a la población en pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación, aunque sí se entregará a toda la población de adultos mayores de 65 años en adelante, con el fin de dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población que tenga carencia o esté en pobreza.
Aplican reglamento
Ahora se entregarán los apoyos de acuerdo con la información recabada por el Censo del Bienestar. Indican que se busca contribuir a establecer esquemas de aseguranza social que protejan la seguridad económica de quienes están en situación de carencia o pobreza.
Hay adultos que ya estaban en el programa y esperan el apoyo monetario, porque ya forma parte de sus ingresos mensuales y desde enero no los han recibido.
Se pidió información a la dependencia sobre el estatus de la dispersión del efectivo a todos los beneficiarios, pero no hubo respuesta.
Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a varias organizaciones, la transferencia de ingresos a quienes en su mayoría carecen de pensión y ya no tienen condición de generación de ingresos por su cuenta, es una medida positiva con efecto redistributivo y de reducción de la carencia de ingreso suficiente, aunque el monto no cubre una canasta básica les otorga cierta solvencia para enfrentar gastos de salud y alimento.
Mejorar el sistema
En un análisis de la situación, la congregación consideró que para avanzar hacia un sistema universal de protección social y seguridad social, integrado y con enfoque a los derechos humanos, resulta indispensable un pilar de pensiones no contributivas.
Agregó que en esa mirada de largo plazo se requiere armonizar el sistema para evitar duplicidades que generen distorsiones al entregar subsidios a quienes ya reciben montos muy superiores por medio del IMSS u otras formas de pensión que también se pagan –al menos parcialmente– con el erario.
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