Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del Gobierno de México al informe de la ONU que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH, el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
«Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo», expresó.
«Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema», añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si se detecta que alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
«Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación», reiteró.
La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
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