Durante su gestión, empresas señaladas por la Función Pública lograron evitar las sanciones y continuaron recibiendo contratos millonarios
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO. –
En el portal informativo expansion.mx, la periodista Laura Sánchez Ley, hace un recuento del listado de empresas que, pese a encontrarse sometidas a investigaciones por la Secretaría de la Función Pública, siguieron obteniendo cuantiosos contratos gubernamentales;
La mañana del 15 julio de 2019, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo una aparición inusual en el escenario de la conferencia mañanera. Con el rostro sin expresión, se paró en el pódium, que, generalmente, es del presidente, e informó que su dependencia tenía siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, el empresario que era delegado del gobierno federal en Jalisco.
Sandoval, con voz firme y sin hacer pausas en su discurso, dijo que refrendaba su compromiso con llevar las siete investigaciones hasta las últimas consecuencias. Continuó y aseguró que, desde el principio de la administración, se advirtió que no se tolerarían conflictos de intereses, y quien los tuviera no debería ni podría trabajar en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. Ese día anunció la renuncia de Lomelí Bolaños a su cargo en el gobierno federal.
Para septiembre de ese año, la SFP informó de la inhabilitación de Laboratorios Solfrán y, en julio de 2020, la de Abisalud. A pesar de las sonadas sanciones, esta última empresa continuó recibiendo contratos, según se advierte en Compranet, la página de compras del gobierno de México.
De acuerdo con una base de datos elaborada por Expansión Política a partir del directorio de la propia SFP, las empresas que siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones vía un tribunal son: Transportes y Enlaces Especializados; BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas; Laboratorios Solfrán; Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC; Valuación Operativa y Referencias de Mercado, y Servoil. Mientras que las que lograron evadir las multas gracias al fallo de un tribunal fueron Carimed Equipos; Centro para el Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo en Áreas; Construcción Integral y Estructuras Metálicas, así como Grupo Fármacos Especializados y Laboratorios Solfrán.
Mencionando solo algunas de las empresas de la investigación realizada por la periodista, las más destacadas pertenecen al ramo farmacéutico, transportista y de construcción.
La farmacéutica Abisalud, quien a pesar de ‘falsear información’ y en medio de una disputa legal, continúa recibiendo contratos desde que fue anunciada su sanción el pasado 27 de julio de 2020. En total, esta empresa ha ganado 4 millones 290,000 pesos en contratos con el Instituto Nacional de Perinatología y con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde que fue sancionada. En lo que va del actual gobierno, ha acumulado 304 millones 920,774 pesos, según información publicada por la página de Compranet.
En una revisión a la base de datos de compras públicas Compranet, se pudo comprobar que Abisalud recibió al menos tres contratos después de haberse hecho pública la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del año 2020. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sandoval anunció, el 27 de julio de 2020, la inhabilitación.
Las transportistas
El 3 de febrero, la SFP perdió ante Lomelí. Un tribunal anuló, en definitiva, la inhabilitación en contra de otra de las empresas con las que se encuentra relacionado: Lomedic, que había sido proveedora del sistema de salud en gobiernos pasados. Con este fallo entre las manos, Lomelí se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco. Lomedic es una empresa que, como se define en su página de internet, se dedica al abasto de medicamentos.
Según la modificación que realizó el exdelegado en 2019 en su declaración patrimonial, su participación era ocasional, como administrador de la compañía. Solfrán es otra de las empresas sancionadas por malas prácticas, fue inhabilitada el 13 de septiembre de 2019. Irma Eréndira Sandoval anunció, a través de sus redes sociales, que esa compañía no podría recibir más contratos durante dos años y seis meses.
Para el 22 de enero de 2020, la SFP publicó en el Directorio de Sanciones que Laboratorios Solfrán podría participar de nuevo en concursos de gobierno, a razón de la decisión de la sala regional. A partir de entonces, la compañía recibió ocho contratos entre enero y abril de 2020, por más de 14 millones 496,000 pesos con el IMSS, con Prevención y Readaptación Social y Servicios de Atención Psiquiátrica del gobierno federal. La empresa Transportes y Enlaces Especializados presentó documentación que no cumplió con los requisitos de las bases de una convocatoria en el año 2019.
Según la Función Pública, el 15 de enero de 2020 fue notificada de que debería pagar una multa por 130,959 pesos. La SFP nunca especificó públicamente si pagó la multa, pero inmediatamente después de que la dependencia detectó las irregularidades que cometió durante el proceso gubernamental, la empresa obtuvo dos contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por 642,000 pesos.
Otro transportista, BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas, que da servicios de carga, proporcionó información falsa en el procedimiento de una licitación de 2018 para la contratación del servicio de mudanzas para la Secretaría de Cultura. Según la SFP, anexó tres cartas de recomendación a su propuesta técnica que resultaron no verídicas. La inhabilitación era por un año y medio a partir del 4 de enero de 2019, aun así, para el 1 de marzo de 2020 –tres meses después–, ya había recibido un pequeño contrato de casi 70,000 pesos; mientras que, el 16 de diciembre de 2020, recibió uno por 164,000 pesos, con el gobierno de Jalisco, según se puede leer en Compranet.
Mantenimiento y construcción Problema estructural
Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC es una empresa dedicada a la reparación de caminos. Según la relación de sanciones de la SFP, proporcionó información falsa en una licitación pública en 2018, pues presentó la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del IMSS, pero, de acuerdo con la autoridad, eso nunca aconteció.
La sanción fue impuesta el 21 de febrero de 2020 y obtuvo una inhabilitación de un año, pero seis meses después, recibió un contrato con Caminos y Puentes Federales, por 11 millones 752,000 pesos. Por su parte, Servoil SA de CV, compañía dedicada al mantenimiento de elevadores, celebró un contrato en 2019 con la Secretaría de Cultura; sin embargo, nunca cumplió con el servicio. Fue inhabilitada el 16 de enero de 2020 por un año, pero el 8 de abril, es decir, tres meses después, recibió un contrato por 225,000 pesos con el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Finalmente, la otra empresa beneficiada a pesar de incumplir las condiciones de un contrato es Valuación Operativa y Referencias, que, según su propia página de internet, ofrece “servicios integrales de cálculo, información, análisis y riesgos”. El 9 de julio de 2019 se publicó una resolución en la que la SFP la multaba por 30,804 pesos por no formalizar un contrato. Desde enero hasta mayo de 2020 recibió seis contratos con el IMSS, Banobras, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por 3 millones 790,000 pesos.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que uno de los problemas radica en que hace falta una plataforma digital de contrataciones, para que los funcionarios no puedan enviar invitaciones a los procesos de licitación a empresas inhabilitadas.
“Como no tenemos una buena plataforma, muchas veces hay errores de gestión. La plataforma permitiría automatizar muchos procesos”, expresa. Campos lamenta que, hasta hoy, todo se haga en papel y sin permitir una gestión efectiva.
Algunas dijeron que revisarían la petición, sin tener respuesta antes del cierre de esta edición, mientras que otras no pudieron ser contactadas. Por su parte, la secretaria de la Función Pública tampoco dio respuesta a la petición de información a través de su vocería.
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